Los negocios con aparcamientos de más de veinte plazas tienen un plazo máximo de un año para dotarse de infraestructuras de recarga.
Es importante adaptar los parkings de los negocios con más de 20 plazas antes de Enero de 2023, cuando pasará a ser obligatorio disponer de como mínimo un punto de recarga. No solamente para cumplir con la ley, sino sobre todo para adaptarse a las nuevas necesidades de movilidad de los consumidores.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) aprobado en diciembre de 2021 por el Gobierno de España para canalizar los fondos Next Generation ha establecido la descarbonización de la economía, y en particular el despliegue de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y las renovables, mediante el Real Decreto-ley publicado en el «BOE» núm. 305, como una de sus prioridades para limitar el cambio climático.
En relación con la movilidad eléctrica el RD pone el foco sobre el desarrollo de la infraestructura de recarga pública con el fin de evitar la sensación de «ansiedad de autonomía» que tanto preocupa a los potenciales usuarios de vehículos eléctricos. Para ello, facilita el régimen de autorizaciones de puntos de recarga en los terrenos colindantes a las carreteras y sustituye la licencia o autorización previa de obras por declaraciones responsables, dos medidas clave para flexibilizar el despliegue de las tan necesarias infraestructuras de recarga.
Asimismo, la nueva ley incorpora la obligatoriedad de contar, antes del 1 de enero de 2023, con dotaciones mínimas de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos proporcionales al número de plazas de aparcamiento para edificios existentes de uso distinto al residencial privado y que cuenten con un aparcamiento de más de 20 plazas.
Este puede ser el caso de centros comerciales, supermercados, restaurantes, centros deportivos, hospitales, edificios de oficinas o centros educativos, entre otros, que, con carácter general, deberán instalar una estación de recarga por cada 40 plazas de aparcamiento o fracción, hasta 1.000 plazas, y una estación de recarga más por cada 100 plazas adicionales o fracción.
En el ámbito fiscal, la nueva ley de movilidad crea bonificaciones en los tributos locales de hasta el 50% en el IBI y del IAE para las empresas que instalen esta infraestructura.
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Así, la instalación de puntos de recarga tiene que ser una prioridad para empresas y organizaciones durante 2022, no solamente porque la ley lo exigirá a partir de 2023 sino porque aquellos negocios que no lo hagan se quedarán atrás en la apuesta sin marcha atrás hacia la sostenibilidad de las organizaciones promovida desde el gobierno y las instituciones.
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